Ticas Rivera Abogados

Aquellos niños, niñas, adolescentes, e incluso adultos quienes tienen interés de sera adoptados por personas que desean adoptarles, sin tener nexo biológico alguno, pueden ser protegidos por medio de esta trámite, el cual tiene como resultado dotar de la familia que no posee al adoptado, y así darle protección integral en todos los aspectos de la vida.

Para que un niño, niña o adolescente pueda salir del país en compañía de uno solo de sus padres o de una tercera persona, es indispensable que se cuente con el respectivo permiso firmado por el o los padres con quen NO saldrá, pero si uno de ellos no la desea otorgar injustificadamente, se puede tramitar ante juez, dicho permiso.

Por el hecho que los bienes inmuebles que están a nombre de los hijos menores de edad, no pueden ser vendidos, donados y gravados por sus padres a su libre arbitrio, es que judicialmente sí es posible realizar todas aquellas acciones.

En estos procesos de filiación, como se les llama, se busca que los padres o las madres que no aparecen en las partidas de nacimiento de sus hijos biológicos en tales calidades, aparezcan así, de modo que puedan ejercer (o exigírseles) las facultades y/o derechos que la ley les impone.

Divorcio puede definirse básicamente como la disolución del vínculo matrimonial decretada por un juez de familia. Sobre este tema, el despacho tiene la más amplia experiencia en el mercado.
Estadisticamente, los divorcios por cuales quiera de sus causales es el juicio mas común que se tramita en nuestro Despacho.

Las relaciones de convivencia entre dos personas de diferente sexo, habilitan en muchos casos, la reclamación de derechos y deberes, parecido al caso de los cónyuges (esposos), por lo que es pertinente promover un proceso judicial para ejercitar dichos derechos y/o deberes familiares.

Quizás el proceso judicial más apasionado en el ordenamiento legal de El Salvador. En él se conjugan una serie de sentimientos que sólo los despachos más profesionales pueden tramitar. En este proceso, se trata de disputar quien de los padres se quedará conviviendo con sus hijos.
Pocos conocen los criterios que deben tomar en cuenta los tribunales para confiar la custodia de los hijos a papá o mamá.

La irresponsabilidad paterna o materna, es decir, de aquel(la) que no vive con sus hijos, para ayudar con una cuota de alimentos que permita satisfacer las necesidades básicas de sustento, habitación, salud, educación y vestuario, generan la posibilidad de promover un proceso con el fin que sea un juez(a) de familia quien imponga la cuantía con que contribuirá dicho progenitor irresponsable. No obstante, lo anterior, cabe decir que la cuota de alimentos no se limita solamente a favor de los hijos, sino que a favor de muchas otras personas que la ley señala.

Por el hecho que la relación y trato entre progenitores e hijos no puede verse obstaculizado por nadie, incluso por la madre o el padre, es que es común que existan procesos en los que un juez(a) de familia imponga los horarios en que los hijos se relacionen con el padre o madres con quien no viven. Este es un proceso para ese efecto.

Para cada tema en donde los padres deben ponerse de acuerdo para decidir asuntos relacionados con sus hijos, es posible someter dicha discusión al arbitrio de un juez(a), para que a falta de acuerdo entre los padres, sea dicho funcionario quien tome la decisión respectiva.

El abandonar a los hijos, cometer actos ilegales en contra de ellos, o bien la imposibilidad de cuidar a los hijos, puede llevar como consecuencia retirar la autoridad parental a alguno o a ambos de los padres. Este proceso es precisamente lo que tiene por finalidad u objetivo, y es sin duda una de las especialidades del Despacho.

La nulidad del matrimonio es el proceso judicial por medio del cual se deja sin efectos legales un matrimonio en virtud de haberse celebrado existiendo un vicio en el acto mismo del matrimonio.

Estos otros procesos de filiación tratan de desplazar una filiación paterna o materna en su caso, lo cual significa en términos vulgares, que aquel(la) que aparece en una partida de nacimiento como papá o mamá sin serlo biológicamente, puede implementar un proceso judicial para ya no aparecer como padre o madre en tal partida de nacimiento.

Luego de disuelto el vínculo matrimonial, por cualquiera de las causas legales para ello, nace el derecho de liquidar los bienes que se hubieren obtenido durante la vigencia de dicho matrimonio, incluyendo los sueldos, honorarios profesionales, ganancias en el comercio, etc. de modo que estamos a la orden de aquel(la) ex cónyuge que desee ejercer los derechos patrimoniales que la disolución del matrimonio conlleva.

Los niveles de violencia intrafamiliar de tipo físico, psicológico, patrimonial y sexual, deben disminuir en nuestro país. Entonces, los procesos judiciales para dar protección a las personas víctimas de tal fenómeno y regeneración a estas y a las personas agresoras, son cada vez más comunes. Más comunes son también en nuestro despacho aquellos clientes que desean ser protegidos en su integridad física, psíquica, patrimonial y sexual por la vía de este juicio.

Se tratan de diligencias con miras a declarar judicialmente a un tutor para cuidar, representar legalmente y hasta administrar los bienes de niños, niñas, adolescentes e incapaces cuyos padres ya no están en posibilidad física y/o mental para cuidar a sus hijos.

Son procedimientos judiciales o notariales por los cuales se corrigen errores que contengan las distintas partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, o bien, se anulan por contener datos falsos.

Se trata de diligencias judiciales o notariales por medio de las cuales se asientan partidas de nacimiento, de matrimonio y hasta de defunción de personas, que no fueron asentadas en el plazo de ley para ello.

Ya sea un padre, madre, otro familiar, e incluso alguna institución educativa, judicial o administrativa, que se atreva de alguna forma a maltratar, discriminar, y en general, a ignorar su deber de protección de un niño, niña o adolescente, está en la posibilidad de ser denunciado ante las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia para que estas dicten las medidas administrativas de protección que sean necesarias para salvaguardar los derechos de la niñez.