¿DEBEMOS SEGUIR PAGANDO LA CUOTA DE ALIMENTOS?

¿DEBEMOS SEGUIR PAGANDO LA CUOTA DE ALIMENTOS ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL?.

Desde diciembre del año 2019 cuando en la ciudad de Wuhan, República de China, se originó la enfermedad que científicamente se ha denominado COVID-19, y con la posterior declaratoria de PANDEMIA por la Organización Mundial de la Salud; el recorrido del contagio a nivel mundial ha producido una serie de efectos sociales, políticos y económicos.

En este sentido, mediante decreto 593 de fecha 14 de marzo del año 2020[1], en El Salvador se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio nacional durante el período de 30 días, limitándose el derecho a la libertad de tránsito y de reunión, adoptándose consecuentemente una serie de medidas sanitarias y económicas dentro del plan de contingencia gubernamental.

En este contexto resulta importante meditar sobre la garantía del derecho de continuar recibiendo la cuota de alimentos, y la eficacia de su cumplimiento.

Existe escaso o nulo pronunciamiento institucional sobre la subsistencia de la obligación, pero, sobre todo, en cuanto al mecanismo de efectividad en el pago de la cuota de alimentos en el contexto de la actual crisis de salud y económica que impactan a las familias salvadoreñas. Liminarmente, y en atención al sentido común, se entiende que el derecho de alimentos -regulado en los Arts. 34 de la Constitución, 247 y 248 del Código de Familia- es prioritario, ya que está vinculado con la satisfacción de necesidades propias para la subsistencia humana, por ende, deviene del derecho a la vida, de carácter universal, es decir, que somos titulares del mismo por el solo hecho de nuestra existencia.

No obstante lo anterior, en la práctica surgirá una compleja casuística derivada de forma directa por las medidas sociales (cuarentena domiciliar) y económicas implementadas en nuestro país -como en muchos otros- por lo que habrá que contar con una solución que proteja los derechos de los alimentarios (la niñez y adolescencia normalmente), pero apegada al marco jurídico, de tal forma que se garanticen los principios de legalidad y seguridad jurídica; este es el desafío para los operadores de justicia.

 

PERSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA FRENTE AL DETRIMENTO ECONÓMICO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.

Existen al menos 4 mecanismos principales para hacer efectiva las cuotas de alimentos según se haya impuesto:

  1. Retención en salario por parte del pagador (en caso el sujeto sea asalariado).
  2. Depósito en cuenta de ahorro o la Procuraduría General de la República.
  3. Pago directo de dinero mediante entrega personal. Y
  4. Pago en especie (entrega directa de alimentos de la canasta básica u otros).

 

  1. Asalariados: Para el caso de los asalariados que se le retienen la cuota de alimentos directamente de su salario, está claro que los pagadores deben continuar descontando la cuota de alimentos normalmente, pues el salario se ha mantenido inalterable como todos sabemos.
  2. Mediante depósitos: Lo mismo ocurre con el pago mediante depósito en cuenta bancaria o la PGR, por estar habilitado el funcionamiento de bancos e instituciones financieras, así como las facilidades de pago mediante plataformas virtuales. De hecho, la Unidad de Fondos Ajenos en Custodia de la Procuraduría General de la República, se encuentra intacto, y funcionando. El sistema instaurado institucionalmente continúa siendo el mismo, es decir, depósito en la entidad bancaria designada, y posterior presentación del comprobante a la Agencia Auxiliar correspondiente, para registrar y procesar los datos en el sistema informático y, así permitir el posterior cobro por el interesado.
  3. Entrega directa: En el caso de entrega directa del dinero a su destinatario, y en cuyo caso se requiere una contra entrega de algún recibo o comprobante de dicha entrega, debemos entender que acá sí hay un problema con las restricciones ambulatorias decretadas por el gobierno, pero creemos que, si el sujeto obligado no puede salir de su residencia, puede hacer depósitos en cuentas de ahorros o bien sustituir la modalidad por otra que le permita cumplir con su obligación.
  4. Pago en especie: En el contexto de la emergencia nacional, el pago en especie no tendría un impacto sustancial (al menos a corto plazo), puesto que este mecanismo es poco usual; se da principalmente cuando el sujeto obligado es una persona de escasos recursos económicos (mayormente personas del sector rural o con vocación agrícola), o bien, porque se le imposibilita -por no tener ingresos fijos- proveer una cuota de forma periódica, entregada en moneda de circulación nacional; por lo cual, debe proveer artículos de la canasta básica, en ocasiones estableciendo un valor monetario a los víveres o la entrega de cierta cantidad de productos, ya sea de forma mensual, trimestral o semestral (como en el caso de las cosechas), especificando peso o número; por ejemplo 3 libras de arroz, dos libras de frijol, dos libras de azúcar, etc.

 

PAGO DE LA OBLIGACIÓN ECONÓMICA POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL.

Habrá que tomar en consideración que las medidas que restringen la libertad de tránsito y que su a vez afectan la productividad, son temporales, sin perjuicio de las secuelas económicas que podamos experimentar a mediano y largo plazo.

El dilema es, ¿qué ocurrirá con el obligado al pago de alimentos en caso de la suspensión o terminación de su contrato de trabajo o de prestación de servicios?, así como aquel sujeto que siendo microempresario o del sector informal, ve afectado sus ingresos de forma drástica o irreversible; ¿Persiste entonces la obligación de pago de la obligación alimenticia si materialmente le es imposible cumplirla?

Para responder a esta interrogante, en primer lugar, traigo a cuenta lo que establece el artículo 221 del Código de Familia, en el sentido que: “Los gastos que ocasiona el cumplimiento de los deberes contemplados en este capítulo, corresponden a ambos padres en proporción a sus recursos económicos, o a uno sólo de ellos por insuficiencia del otro. Si el hijo tuviere bienes propios o rentas, deberá proveer especialmente a sus gastos de crianza y educación y contribuir a los gastos de su familia. Los abuelos están obligados, de acuerdo a sus posibilidades económicas, a asumir los gastos de crianza y demás contemplados en este capítulo, cuando los padres carezcan de recursos.”

El principio de solidaridad familiar se proyecta en la norma previamente citada, de modo tal que ante situaciones excepcionales como las que estamos atravesando como país, deberá realizarse una interpretación finalista de derechos fundamentales, mediante la integración de las normas del sistema jurídico, en armonía con los principios del Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, como lo es la corresponsabilidad de la familia e interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

 

Ahora bien, esta imposibilidad temporal de pago, tiene que ser justificada y comprobable, para evitar una evasión irresponsable de una obligación de primer orden. Además, si uno de los progenitores se encontrare en una situación de insuficiencia económica y cae en mora (involuntaria), podría aplicarse de forma analógica (por similitud) lo que regula el Art. 252 del Código de Familia, según el cual, en caso de urgente necesidad el tribunal podrá obligar a uno solo de los alimentantes a que los preste en su totalidad, sin perjuicio del derecho de éste a reclamar a los demás obligados la parte que les correspondiere pagar. Lo anterior a fin de garantizar que se cubran de manera inmediata las necesidades materiales del destinatario de la cuota de alimentos, (ante la imposibilidad objetiva y cierta que sufra el otro) puesto que no es viable esperar que el sistema judicial reanude su quehacer cotidiano, como para encontrar una salida práctica a la problemática que se enfrentaría en el día a día, sobre todo para el progenitor custodio.

En suma, el tema del impedimento de pago de cuota de alimentos y para vivienda en su caso, eventualmente podrá ser abordado mediante el mecanismo establecido en el Art. 175 de la Ley Procesal de Familia, me refiero a la Audiencia Especial de Adecuación de Modalidades, cuyo objeto es precisamente establecer la forma más rápida y eficaz de dar cumplimiento a la sentencia, en este caso, al tema de la obligación alimenticia, pudiendo alcanzarse acuerdo de reintegro, pago a plazos, garantías, etc.

No obstante lo anterior, en razón del carácter excepcional de la situación, la Asamblea Legislativa mediante la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad; tiene la facultad constitucional para efectuar una interpretación auténtica de las disposiciones del Código de Familia y Ley Procesal de Familia en lo atinente al Derecho de Alimentos, o bien, tiene la facultad de crear una ley temporal que establezca directrices que brinden una solución más o menos uniforme, encaminadas al cumplimiento de la obligación a corto plazo (no su dispensa), pudiendo adoptarse en lo aplicable espíritu que orientó la legislador para la prórroga del pago de servicios básicos (agua, energía eléctrica y comunicaciones)[2], según el cual, la obligación económica persiste, sin embargo, el derecho del acreedor y usuario se ven resguardados de forma recíproca por tratarse de aspectos considerados elementales.

Quizás en materia penal, los potenciales imputados por el delito de “Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica” por no pagar la cuota de alimentos por estos meses, tengan una suerte más optimista, pero en materia de familia, lo más probable, es que no haya dispensa ni prórroga de sus obligaciones alimenticias, sin perjuicio que cada caso sea analizado por los juzgadores.

[1] Publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo 426 de fecha 14 de marzo de 2020.

[2] Decreto Legislativo N° 599 de fecha 20 de marzo del año 2020.

 

Licda. Tania Evelyn Avalos.

Abogada Asociada

Ticas Rivera Abogados

www.ticasriveraabogados.com

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